Historia de Luz Karime Abadía* decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. Javeriana
Artículo de el Espectador
El próximo gobierno heredará un sistema educativo debilitado con finanzas deterioradas, politización y pérdida de confianza institucional. La recuperación exige fortalecer el Icetex, invertir en primera infancia y educación superior de calidad, garantizar autonomía universitaria, focalizar recursos, auditar títulos y restablecer programas de formación avanzada. Especial Proyecciones 2026.
El próximo gobierno enfrentará una tarea titánica para recuperar el sector educativo. Durante este cuatrienio se han tomado decisiones desafortunadas que han afectado la calidad del sistema, frenado avances en cobertura, deteriorado las finanzas del sector, reducido la inversión en primera infancia y, quizá lo más grave, erosionado la confianza en las instituciones que sostienen el sistema educativo colombiano.
En primer lugar, es indispensable recuperar al Icetex y el papel que históricamente ha desempeñado como instrumento de movilidad social. Durante años el Icetex ofreció créditos, créditos condonables y becas —muchos de ellos con subsidios de sostenimiento— que permitieron a jóvenes de bajos recursos, e incluso de clase media, acceder a instituciones de educación superior privadas de alta calidad. Debilitar esta herramienta no solo limita oportunidades, sino que reduce la diversidad y la competencia en el sistema.
Segundo, se requiere una revisión a fondo de las finanzas públicas del sector educativo para garantizar recursos de inversión tanto en educación básica y media como en educación superior. El Gobierno actual incrementó de manera significativa los gastos de funcionamiento, sacrificando inversión, particularmente en educación preescolar, básica y media. Detener gastos ineficientes que no generan impacto, aumentar la eficiencia del uso de los recursos y movilizar fuentes adicionales de financiación será clave para avanzar en acceso, calidad, pertinencia y equidad.
Tercero, es urgente frenar la politización del sector educativo, especialmente de las instituciones de educación superior públicas. El caso de la Universidad Nacional es emblemático: hoy atraviesa una profunda crisis institucional, sumida en un vacío de gobernanza e incertidumbre académica, tras la destitución del rector que se encontraba en ejercicio. El próximo gobierno deberá tomarse muy en serio la designación de sus delegados en los consejos superiores universitarios, respetando la autonomía universitaria y privilegiando perfiles técnicos e independientes. Defender el carácter mixto del sistema educativo colombiano y promover una articulación virtuosa entre instituciones públicas y privadas es fundamental, pues ambas hacen aportes sustantivos al desarrollo del país.
Cuarto, en materia de infraestructura educativa, es imprescindible revisar uno por uno los proyectos de nuevas sedes y universidades anunciados. Hay que evaluar qué proyectos fueron adjudicados, cuáles presentan avances reales y cuáles están en riesgo. Ofrecer educación superior va mucho más allá de levantar edificios: requiere profesores idóneos, programas pertinentes y sostenibilidad financiera. Este Gobierno prometió 87 proyectos de educación superior —entre nuevas sedes, ampliaciones y universidades—, pero los avances son mínimos y el riesgo de que varios se conviertan en elefantes blancos es alto.
Quinto, es necesario eliminar el régimen especial de salud de los maestros e incorporarlos al sistema general de salud. Paradójicamente, antes de este gobierno, la calidad y oportunidad del servicio en el régimen general era superior a la del régimen especial, hoy profundamente deteriorado. Mantener un esquema ineficiente no protege a los docentes, sino que, por el contrario, los perjudica.
Sexto, hay que recuperar la confianza y la credibilidad del sector educativo. Esto exige un Plan Nacional de Desarrollo claro, realista y medible, con metas concretas y resultados verificables. Pero también requiere mensajes coherentes y un liderazgo técnico, serio y responsable. Para enfrentar los retos del sector es indispensable que al Ministerio de Educación y a las entidades adscritas —Icfes, Icetex, FFIE, entre otras— lleguen personas con experiencia, conocimiento del sector y capacidad de gestión, no cuotas políticas.
Séptimo, el país debe priorizar decididamente la inversión en primera infancia, ampliando cobertura y, sobre todo, mejorando sustancialmente la calidad de la atención, la formación de los agentes educativos y la articulación con el sistema escolar. La evidencia es contundente: la mayor rentabilidad social de la inversión educativa se encuentra en los primeros años de vida.
Octavo, es urgente revisar y focalizar mejor la política de matrícula cero. La educación superior es una inversión con altos retornos privados cuando es de buena calidad. En un contexto de recursos escasos y grandes brechas de cobertura, la matrícula cero en las universidades públicas debe concentrarse exclusivamente en jóvenes de bajos recursos. Quienes tienen capacidad de pago deben contribuir o recurrir a instrumentos como el Icetex.
Noveno, se requiere una auditoría exhaustiva de los títulos otorgados por instituciones de baja calidad, que han convertido la educación superior en un negocio o en un mecanismo de pago de favores políticos, otorgando títulos a personas que no cumplieron con los requisitos académicos. Es necesario cruzar los títulos expedidos con los reportes de matrícula semestrales y los resultados del Saber Pro. Asimismo, hay que fortalecer la operación estadística del sector, garantizar la producción de información relevante y retomar las pruebas de Estado como instrumentos esenciales para monitorear aprendizajes y calidad.
Décimo, el país debe retomar y fortalecer la inversión en formación de alto nivel. Es indispensable restablecer, al menos, los recursos que históricamente se destinaban a programas como Colfuturo y Fulbright, para que jóvenes con alto talento puedan cursar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. De igual manera, se requieren convocatorias permanentes, con criterios claros y transparentes, para financiar investigación y consolidar ecosistemas científicos en áreas estratégicas para el desarrollo del país, involucrando tanto universidades públicas como privadas.
La recuperación del sector educativo no será rápida ni sencilla, pero es inaplazable. De ello depende no solo la movilidad social, sino la productividad, la cohesión social y el futuro mismo del país.
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